• En América Latina existe un importante movimiento de organizaciones y redes que trabajan a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Las características culturales y lazos históricos hacen relativamente sencillo la complementariedad entre el trabajo local, nacional y regional, siendo un elemento diferenciador respecto a otros continentes. Otra característica significativa de las organizaciones es su múltiple afiliación a diversas redes nacionales, regionales e internacionales que tiene sus ventajas (entre otras, beneficiarse de las acciones emprendidas por cada red, posibilidades de participación en otros espacios) y desventajas (riesgo de duplicar esfuerzos, solapamiento de agendas y concentración de protagonismo). En el apartado de redes, a nivel geográfico, la mayoría de las oficinas de coordinación de las mismas se concentran en los países del Cono Sur, México y Brasil, y su presencia es menor en América Central y Andina. Esta particularidad tiene el inconveniente de que estos países no suelen ser prioritarios de la cooperación internacional por lo que es necesario elaborar estrategias complejas para apoyar el funcionamiento de las redes sin que se destinen fondos directamente a sus oficinas matrices.

• El hecho de que en la mayoría de los países de la región el índice de desarrollo humano haya crecido notablemente en la última década supone, paradójicamente, una amenaza para las organizaciones de derechos sexuales y derechos reproductivos. Si los donantes utilizaran un criterio basado en el ejercicio de los derechos humanos para tomar sus decisiones y no se centraran especialmente en factores macroeconómicos, las organizaciones de derechos humanos de las mujeres recibirían muchísimo más apoyo. En este sentido, Chile resulta un caso paradigmático: por una parte, sus niveles económicos le excluyen de la agenda de ayuda al desarrollo; por otra, la ciudadanía chilena tiene muchas dificultades para acceder a métodos anticonceptivos modernos, el aborto está penalizado en todas sus formas, los índices de violencia contra las mujeres son similares a los de cualquier otro país de la región, la educación sexual se encuentra restringida y hay que recordar que sólo en el año 2004 se logró aprobar el derecho al divorcio.

• Los gobiernos de “izquierda” en la región no son una garantía de los derechos humanos, y menos aún de los derechos humanos de las mujeres. A pesar que la mayoría de las organizaciones y líderes del movimiento feminista surgen o mantienen un discurso progresista en todas las esferas y han apoyado en general el ascenso de estos gobiernos, en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos continúan la línea de los gobiernos conservadores, incluso en muchas ocasiones yendo más allá como en el caso de Nicaragua y la prohibición total del aborto.

• En la última década, el movimiento opositor a los derechos humanos de las mujeres, en especial a los derechos sexuales y derechos reproductivos, ha crecido significativamente tanto en número, como en capacidad técnica y financiera. Los fundamentalismos religiosos católico y evangélico se han aliado con grupos de poder político, económico y mediático pertenecientes a las oligarquías, auspiciados por el gobierno Bush, los “neo con” estadounidenses y los grupos religiosos de extrema derecha. Las exigencias de democracia y ciudadanía de las mujeres chocan frontalmente con la ideología ultraconservadora y el logro de unos verdaderos Estados Laicos, imprescindibles para el ejercicio de estos derechos, cada día está más lejos.

• Por diversas razones, los donantes tradicionales de las organizaciones de derechos humanos de las mujeres de la región (Holanda, Suecia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos) llevan algunos años retirando su financiamiento, por lo que cada vez les es más difícil acceder a recursos para mantener su agenda política, que incluye la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, el seguimiento a las leyes y políticas públicas que las afectan y la exigencia de transparencia y rendición de cuentas a los Estados.

• La agenda internacional de desarrollo, definida por los Estados, es volátil. Muchas de las organizaciones de derechos sexuales y derechos reproductivos de la región nacieron o se potenciaron a partir de los hitos de la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y de la Conferencia Internacional sobre la Mujer en Beijing (2005). De sendas conferencias nacieron compromisos políticos y económicos que todavía no se han cumplido, en especial el compromiso de los países donantes en materia de financiación del Programa (Cairo) y Plataforma (Beijing) de Acción. En el año 2000, los temas clave de estas dos conferencias pasaron a un segundo plano con la Declaración y Objetivos de Desarrollo del Milenio, en las que la sociedad civil tuvo muchas dificultades para participar. Hoy en día, en el marco de la Agenda de París sobre Eficacia de la Ayuda, las organizaciones de derechos humanos de las mujeres ven condicionadas sus agendas en aras de la apropiación y complementariedad de la ayuda, entendidas como acuerdos de Estado a Estado, sin que la participación de la sociedad civil y sus prioridades constituyan un factor clave a la hora de establecer los términos de la ayuda al desarrollo. En este sentido, resulta clave que los Estados donantes en América Latina y el Caribe hayan acordado comprometerse a apoyar las políticas de los Estados socios, sobre todo las gubernamentales y sus Planes Nacionales de Desarrollo. Los derechos humanos de las mujeres no suelen ser una prioridad contemplada en estos Planes, por lo que los Estados donantes dejan de priorizar este sector y, por tanto, su financiación.

Todos estos factores colocan en un escenario de debilidad a las organizaciones de derechos de las mujeres y, en general, a las de derechos sexuales y derechos reproductivos.

• LE 1. Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para promover y defender los derechos sexuales y derechos reproductivos en su dimensión política (ciudadanía), en especial a través del apoyo técnico y financiero a las redes nacionales y regionales de las que forman parte.

• LE 2. Aumentar el compromiso político y económico de la cooperación española hacia la región y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, mediante el establecimiento de alianzas entre ONGD españolas, acciones de incidencia política con los actores clave (Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional y descentralizado) y sensibilización de la ciudadanía española.

• LE 3. Facilitar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos mediante el acceso a servicios de calidad para la atención integral de la salud sexual y reproductiva; y de abordaje de la violencia contra las mujeres.

• LE 4. Contribuir a la implementación en la región de las agendas internacionales relacionadas con los derechos sexuales y derechos reproductivos, en especial al Plan de Acción de El Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mediante la participación en espacios de decisión política y técnica a nivel regional e internacional.

• Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - RSMLAC
• Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir
  
• Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia - CLAE
  
• Campaña por una Convención Interamericana sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos