En Red ACTIVAS somos muy conscientes de que las decisiones de políticos y gobernantes inciden directamente en  la salud y la situación de los derechos de las mujeres en el mundo. Por ello, la plataforma trabaja para que se aprueben y apliquen reformas legislativas que favorezcan el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres.

Para ello, impulsamos el diálogo con los principales actores institucionales, políticos y sociales relacionados con la cooperación al desarrollo, con vistas a alcanzar acuerdos que permitan un incremento de la ayuda española en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, tanto en cantidad como en calidad. Además, acercamos la realidad de la salud y los derechos sexuales y reproductivos a los parlamentarios y parlamentarias a través de viajes de estudios que permiten conocer de forma directa cómo estas cuestiones influyen en el desarrollo, favoreciéndolo cuando existen políticas, servicios y productos que protegen a los ciudadanos/as o impidiéndolo cuando se dejan de lado. 

Este diálogo se plasma en iniciativas concretas, como la Proposición No de Ley sobre Mejora de la Salud Materna en África, aprobada por la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso de los Diputados  con apoyo de todos los grupos políticos. Con esta PNL, adoptada en octubre de 2009, el Congreso insta al Gobierno de España a incrementar la ayuda dirigida a reducir la mortalidad materna, precisamente el Objetivo de Desarrollo del Milenio en el que menos avances se han producido en todo el mundo, especialmente en los países de rentas más bajas. 

Más recientemente, con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea, Red ACTIVAS se ha posicionado de forma clara para que durante el año 2010 los Estados miembros de la UE tomen medidas para resolver el déficit existente en la financiación de la salud global, que la Organización Mundial de Salud estima en 13.000 millones de euros.

Red ACTIVAS ha coordinado, junto con otras organizaciones españolas y europeas, la elaboración y difusión de un posicionamiento conjunto de la sociedad civil para que el Gobierno de España priorice la reducción de la mortalidad materna, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la lucha contra el VIH y sida, la malaria y la tuberculosis durante su Presidencia de la UE en 2010. Finalmente, 458 organizaciones y plataformas de ONG han apoyado este documento que establece seis recomendaciones para posibilitar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015.

A nivel internacional, se ha promovido el compromiso de España con el Programa de Acción de la Unión Africana para la Mejora de la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, adoptado en Maputo en 2006, a través de la Declaración de Barcelona.

Resultado de las Jornadas técnicas sobre políticas de salud sexual y reproductiva en África, celebradas con apoyo del Programa VITA y la Agència Catalana de Cooperació (ACCD) en la ciudad condal entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2007, esta declaración nace con el propósito de hacer realidad la salud sexual y reproductiva en África y supuso en palabras de la entonces Directora Adjunta de Asuntos Sociales de la Unión Africana, Grace Kalimugogo, “una oportunidad única para trabajar sobre el Plan de Acción de Maputo pocos meses después de su aprobación”. Dicho Plan, acordado en septiembre del año pasado por los ministros de salud de la Unión Africana, es una pieza clave para la implementación de un marco de trabajo continental para la salud y los derechos sexuales y reproductivos en en el continente. Kalimugogo señaló especialmente que “los líderes africanos están comprometidos para incluir la salud sexual y reproductiva en la agenda” y que la cooperación en este ámbito puede tener resultados muy positivos ya que “las dos partes están preparadas para la acción”.

El encuentro de alto nivel contó con la participación de miembros de los Ministerios de Salud diez países africanos, representantes de la Unión Africana, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria así como representantes de la cooperación y ciertas instituciones españolas y catalanas y miembros de la sociedad civil.